La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (junto con la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y relevantes también aprobada en dicha sesión especial), impulsada por el Poder Ejecutivo, tuvo un recorrido de seis meses de trabajo legislativo. Se trata de un cuerpo legal extenso que abarca muchas materias e introduce reformas (entre otras) al régimen de procedimiento administrativo, al régimen laboral, al régimen de obra pública y concesiones y al de energía (particularmente en cuanto a hidrocarburos y gas natural). A su vez, incorpora disposiciones que apuntan a privatizar ciertas empresas estatales y, en una de las materias que fue más arduamente debatidas en el Congreso, establece el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que apunta a atraer de inversiones extranjeras directas, especialmente en sectores como infraestructura, energía, minería y economía del conocimiento.
La ley invoca en este punto la «cláusula del progreso» constitucional para promover objetivos como incentivar grandes inversiones, impulsar el desarrollo económico, aumentar las exportaciones, fomentar la creación de empleo, y garantizar condiciones de estabilidad y previsibilidad para atraer inversión.
A nivel impositivo, el RIGI ofrece beneficios significativos como una tasa reducida del impuesto a las ganancias, amortización acelerada de activos, y facilidades en materia aduanera y cambiaria. Además, proporciona estabilidad jurídica por 30 años, asegurando que las condiciones bajo las cuales se realiza la inversión no cambiarán de manera adversa.
El régimen también contempla la protección contra expropiaciones y ofrece mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas, asegurando que los inversores estén protegidos ante posibles cambios regulatorios perjudiciales.
Para una descripción del RIGI, sugerimos la lectura del memorándum que hemos preparado, en versiones inglés (aquí) y castellano (aquí).