En el texto se destaca la importancia de cumplir con las disposiciones constitucionales que establecen la obligación de preservar un ambiente sano y equilibrado, así como con los convenios internacionales, como el Convenio de Basilea, que promueve el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos. También se hace referencia a otros acuerdos, como el Convenio de Minamata sobre el mercurio y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

La resolución establece requisitos y condiciones para la aprobación del tratamiento por incineración, detallando aspectos técnicos, como la temperatura y los sistemas de control. Se hace especial hincapié en la realización de la Prueba de Eficiencia de Incineración (PEI) como requisito para la obtención del Certificado Ambiental Anual (CAA), y se especifican las condiciones para la renovación de dicho certificado.

Asimismo, se menciona la posibilidad de ampliar los requisitos establecidos, especialmente si se trata de residuos que contienen compuestos orgánicos persistentes o sustancias orgánicas halogenadas en concentraciones significativas.

La resolución también aborda consideraciones específicas y generales, incluyendo la facultad de la Autoridad de Aplicación para ampliar los requisitos y la obligación del operador de informar desvíos en la operación del horno de incineración.

Finalmente, se establece un procedimiento para tratar el incumplimiento de los compromisos asumidos por el titular del establecimiento industrial y/o comercial, con la posibilidad de caducar la aprobación de la operación de eliminación en caso de incumplimiento inexcusable.

La resolución entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Para visualizar dicho reglamento hacer clic.