El proyecto, tratado bajo el nombre de “Proyecto de Ley de Sostenimiento de la Actividad Económica en el Marco de la Emergencia Sanitaria Pública Coronavirus COVID-19, Emergencia para Procesos de Concursos Preventivos y Quiebras”,propone declarar hasta el 31 de marzo de 2021 la emergencia de los sujetos comprendidos en los procesos de concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales que se encuentren en trámite, así como también de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos que se peticionen y en los trámites de quiebra que se inicien desde la vigencia de la ley y hasta la fecha previamente mencionada.

Durante el plazo previsto en el proyecto quedaría, en principio, suspendido el cómputo de plazos procesales en todos los procesos regidos por la ley N° 24.522 en el período de exclusividad, debiendo en cada caso el juez fijar nuevos plazos teniendo en cuenta dicha suspensión y fijando la fecha de los actos pendientes a partir de la misma; y, respecto de los concursos preventivos que se inicien a partir de la vigencia de la ley, el plazo del período de exclusividad será de 180 días en lugar de 90 días, pudiendo el juez a pedido del deudor extenderlo por 60 días adicionales por única vez.

Por su parte, destacamos que la suspensión de pleno derecho y sin requerimiento de parte comprende:

a) los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas las ejecuciones de garantías de cualquier tipo respecto de los fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia;
b) la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que estas sean;
c) el curso de la prescripción y de caducidad de los créditos, como así también la ejecución de estos créditos a los garantes, fiadores, avalistas, codeudores y demás obligados;
d) los plazos para que los deudores cumplan con los acuerdos preventivos o extrajudiciales homologados se prorrogan por el término de un (1) año desde el vencimiento originariamente previsto. Las cuotas ya vencidas e impagas serán exigibles a partir del día en que cese el estado de emergencia previsto en la ley; y
e) el trámite de los pedidos de quiebra, excepto para las medidas previstas en el artículo 85 de la ley N° 24.522 (medidas precautorias de protección del patrimonio del deudor). A su vez, esta suspensión no aplica cuando el deudor sea una persona humana que no desarrolle actividades comerciales ni empresarias y carezca de actividad económica organizada, cuando declare su propia quiebra. En estos casos el juez deberá adoptar las medidas conducentes para la rehabilitación de la persona humana y la protección de su dignidad y de su grupo familiar.

Finalmente, el proyecto prevé la prohibición de nuevos embargos sobre cuentas bancarias (excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales) y créditos de origen alimentarios.