Esta Resolución se aplica a todas las empresas del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y otras organizaciones empresariales en las que el Estado Nacional tenga una participación mayoritaria en el capital o en las decisiones societarias, ya sea que estén constituidas como sociedades o no.
El plazo de 10 días establecido en el Decreto para enviar a la Secretaría la justificación y documentación de las designaciones de directores o interventores puede ser extendido excepcionalmente por otros 10 días si hay circunstancias que dificulten razonablemente la recopilación de información. Además, este plazo puede ser dispensado por solicitud de la jurisdicción correspondiente, con fundamentos adecuados.
Para evaluar la idoneidad de los candidatos, estos deben completar un Formulario de Idoneidad como declaración jurada, además de cumplir con los requisitos específicos establecidos por los estatutos de la entidad.
Cualquier designación que no haya sido ratificada por la Secretaría al entrar en vigencia la Resolución será revocada.
La Resolución también establece que la Secretaría debe intervenir previamente en varias situaciones, como la aprobación o modificación de presupuestos de gastos o inversiones, planes estratégicos, compras, contrataciones y licitaciones, así como en solicitudes de transferencias de recursos del Tesoro Nacional y en la aprobación o modificación de otros procesos en las sociedades estatales, aquellas con participación estatal, o cualquier otra entidad donde el Estado tenga derechos de participación o representación.

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